Página principal

   
Aumentar tamaño del textoDisminuir tamaño del textoPartir el texto en columnas El Senado da luz verde a la Ley del Comercio Minorista que reduce costes y trámites para fomentar el pequeño comercio

El portavoz socialista, Félix Lavilla, subraya la voluntad de acuerdo de todos los grupos políticos formalizada en el “Pacto de Soria” y asegura que la ley protege al pequeño comercio



Intervención de Félix Lavilla en el pleno del Senado

Madrid, 11 de febrero de 2010

            El Senado dio luz verde el pasado miércoles al proyecto de Ley de ordenación del Comercio Minorista con la oposición del Grupo Popular. La citada ley establece la reducción de costes y trámites en aras a facilitar al pequeño comerciante la apertura de su negocio y propone la libertad de establecimiento con ausencia de autorización.

El portavoz socialista en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, Félix Lavilla, destacó que la gestación de la ley ha estado presidida por la voluntad de acuerdo de todos los grupos políticos y del diálogo previo con las Comunidades Autónomas. Concretamente, Lavilla ha explicado que el consenso con los demás grupos se formalizó a través de un acuerdo que se comenzó a gestar en una reunión en la provincia de Soria con algunos portavoces parlamentarios por lo que la génesis de esta redacción final pasó a denominarse “Pacto de Soria”. .

El senador soriano subrayó que se trata de una reforma estructural que apuesta por el pequeño comercio, por la modernización del mismo y por la compra de proximidad. Es un proyecto, apuntó, que responde a las demandas de los consumidores, que protege al medio ambiente y que garantiza el abastecimiento inmediato y adecuado a la población.

El parlamentario socialista añadió que la norma determina que se podrá establecer un régimen de autorización y suprime la obligatoriedad de la licencia comercial. Para hacerlo, se basa en el principio de proporcionalidad, estableciendo las razones que motivan ese establecimiento y su impacto.

La ley no se refiere a los metros cuadrados de los formatos comerciales y elimina la definición de gran establecimiento comercial. La autorización de apertura sólo dependerá del impacto medioambiental, del entorno urbano y de la conservación del patrimonio artístico. Finalmente, establece la prohibición del uso de criterios económicos para la restricción de la apertura de nuevos establecimientos en función de la oferta comercial y también la intervención de los competidores en esa autorización.